Marlene y yo nos sentamos a tomar café en el patio de su casa en Villa del Rosario, un pueblo cercano a la frontera de Venezuela con Colombia. Marlene, una madre soltera de 44 años y maestra en el colegio local, acababa de hacer una lista minuciosa de todo lo que podía vender en su casa para financiar un viaje que le permitiera escapar de la crisis en su país. En esa lista estaban el horno, ollas y sartenes, zapatos, una silla giratoria y los juguetes de sus dos hijos –todos objetos que representan lo que queda de una vida que alguna vez fue estable. Los $12 que gana al mes en el colegio no le alcanzan para viajar a Chile, donde tiene familia que la puede recibir.
Para sobrevivir, Marlene vende postres caseros y hace manicure. Ahora tiene pensado vender su casa por solo $2,000, una fracción de su valor real, para financiar la mudanza.
“Amo a mi país, pero esto es a lo que hemos llegado”, dice.
Marlene, sin embargo, todavía tiene la esperanza de que la oposición derrote al dictador Nicolás Maduro, cuyo partido político ha impuesto un gobierno autoritario durante los últimos 20 años y destruido lo que alguna vez fue la democracia más rica y estable de América Latina.
Por primera vez en décadas, millones de venezolanos tanto en el país como en la diáspora sienten que existe una posibilidad de cambio político, pero, al igual que Marlene, muchos experimentan un revoltijo de emociones que oscila entre la esperanza y la desesperación, la anticipación y la incertidumbre, y, claro está, viven en la duda de si quedarse o marcharse. Están en un limbo permanente.
Si Maduro logra robarse las elecciones otra vez, sin duda seremos testigos de un éxodo de cientos de miles de nuevos migrantes venezolanos y de una nueva crisis migratoria en las Américas.
Los gobiernos regionales les dan la espalda a los migrantes venezolanos
Si bien los migrantes venezolanos pueden huir de la crisis en su país, se enfrentan a otra apenas salen: un panorama de vulnerabilidad, informalidad y exclusión que deben aguantar mientras los gobiernos de la región toman decisiones en su contra.
A mediados de junio, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política fronteriza que, esencialmente, bloquea la entrada no regulada de migrantes venezolanos y otras personas solicitantes de asilo, lo que los obliga a reconsiderar sus opciones y pensar en irse a otros países de la región. Además, Donald Trump prometió realizar “la operación de deportación más grande en la historia de [su] país”, si llega a ganar, algo probable según las encuestas.
En 2021, el gobierno colombiano creó un programa que les ofrecía a los venezolanos un estatus migratorio legal y acceso a trabajo formal, educación, atención médica y servicios financieros por un período de diez años. Sin embargo, desde 2023, el programa dejó de aceptar nuevas solicitudes. Las esperanzas de una nueva medida similar desaparecieron cuando el gobierno colombiano anunció la creación de un programa limitado (de solo dos años) que les otorga estatus legal únicamente a los venezolanos en situación migratoria irregular que tienen hijos con un estatus migratorio regular. Este cambio revela el menor compromiso de Colombia con los migrantes venezolanos, lo que genera preocupación, dado que es su principal país de acogida y tiene una extensa frontera con Venezuela.
En junio, el gobierno peruano impuso un nuevo requisito de visa para los venezolanos y solo aceptará pasaportes vigentes. Esto es preocupante ya que la mayoría de los migrantes venezolanos no califican para las visas disponibles y renovar un pasaporte en Venezuela puede costar más de $200, un gasto inalcanzable para muchos. Eso implica que quienes lleguen a Perú en busca de estabilidad ahora se verán obligados a vivir en situación irregular y sin acceso garantizado a atención médica, educación y derechos laborales.
Otros países, como Ecuador, Brasil y Chile, tampoco ofrecen más alternativas, y ahora Panamá está cerrando el paso del Darién –una peligrosa ruta a través de la jungla que muchos toman tratando de llegar a Estados Unidos–, dejando a los venezolanos con aún menos opciones y encerrándolos en Sudamérica. La creciente xenofobia en la región exacerba el problema, dificultando la integración y desalentando a los gobiernos a crear programas de regularización migratoria.
Debido a las pocas vías disponibles para legalizar su estatus migratorio y a la falta de programas integrales de apoyo, los venezolanos quedan expuestos a la explotación y la violencia, lo que precariza su situación. Este panorama los lleva a vivir en condiciones de una inestabilidad cada vez mayor en los países de acogida, generando una crisis humanitaria continental que requiere con urgencia atención y acción política inmediata.
La amenaza de un agravamiento de la crisis
A pesar de todo esto, la crisis venezolana sigue siendo una de las emergencias humanitarias con menor financiamiento. Ahora realmente no se puede seguir ignorando. Si el régimen actual se queda en el poder, la región podría enfrentar una crisis aún más grave, con millones de nuevos migrantes venezolanos luchando por lograr cierta estabilidad frente a medidas excluyentes y leyes restrictivas. Si no se toman medidas para abordar los desafíos actuales de Venezuela, más migrantes huirán de su país solo para terminar viviendo en prisiones al aire libre, encerrados en ciertos países y sin acceso garantizado a la atención médica, la educación o los derechos laborales.
Los países les dan crecientemente la espalda a los migrantes venezolanos debido a preocupaciones políticas internas y para limitar su llegada, pero lo que se necesita es justo lo contrario: una movilización concertada para apoyar a estos migrantes en caso de que se produzca un nuevo éxodo.
Los gobiernos deben actuar con decisión no solo para salvaguardar las libertades electorales y la democracia dentro de Venezuela, sino que también para desarrollar nuevos programas que les ofrezcan estatus legal y protección a los migrantes vulnerables que atraviesan la región. Por mientras, las organizaciones humanitarias deben mantener su financiamiento y apoyo a los programas para venezolanos. La tendencia a cerrar oficinas y reasignar recursos fuera de Venezuela, tratando la crisis como si hubiera terminado, acarrea un riesgo significativo. Sin apoyo continuo y coordinado, la situación podría empeorar, poniendo aún más en peligro las vidas de personas como Marlene, que solo buscan estabilidad en estos tiempos tumultuosos.
El panorama actual es alarmante. Los países les dan crecientemente la espalda a los migrantes venezolanos debido a preocupaciones políticas internas y para limitar su llegada, pero lo que se necesita es justo lo contrario: una movilización concertada para apoyar a estos migrantes en caso de que se produzca un nuevo éxodo.
Ya no podemos ignorar la posibilidad de una nueva crisis humanitaria en la región, y debemos empezar a construir puentes en vez de muros.